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Servicio en penumbras



EDITORIAL


Viernes 21 de Agosto de 2026 9:18 am


La tormenta del sábado reciente, la cual estuvo acompañada de intensas rachas de viento en la entidad, no solo dejó a su paso árboles caídos, cables colapsados y accidentes viales, sino que evidenció, una vez más, la cuestionable capacidad de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y corporaciones municipales, los cuerpos de emergencia atendieron 65 incidentes en siete municipios y brindaron asistencia oportuna a siete personas con lesiones menores. Sin embargo, el verdadero vía crucis para miles de familias comenzó cuando el suministro eléctrico colapsó.

Las mayores afectaciones se concentraron en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y en comunidades rurales de Coquimatlán, como La Sidra, El Algodonal, Pueblo Juárez y Agua Zarca. Mientras que en ciertos sectores el servicio se restableció tras tres o cuatro horas, en más de 40 zonas habitacionales el apagón se prolongó por más de 40 horas, extendiéndose hasta el inicio de la semana.

La indignación social no sólo responde al fallo técnico, sino al hermetismo y la indolencia institucional. La CFE omitió informar las causas del colapso y fue incapaz de ofrecer un tiempo estimado de recuperación. Esta dilación provocó pérdidas económicas en comercios locales y familias, quienes vieron descomponerse alimentos por falta de refrigeración, además de paralizar sus actividades mínimas elementales.

Este episodio no es un hecho aislado. Se suma a la cadena de interrupciones sistemáticas que han desencadenado la molestia social en diversos puntos de la entidad, derivando incluso en protestas frente a las oficinas de la paraestatal en Tecomán por parte de habitantes de Armería. Incluso el martes reciente, varias colonias de Tecomán estuvieron sin luz durante más de seis horas, sin que se conocieran las razones.

Exigir un servicio eléctrico a la altura no es una concesión ni un favor, es el cumplimiento de un derecho básico pagado puntualmente por los ciudadanos. Mantener el silencio y postergar las soluciones no sólo evidencia una alarmante ineficiencia operativa, sino una postura abiertamente irresponsable. La CFE está obligada a dar la cara, rendir cuentas claras y asumir de inmediato el costo de su propia negligencia; de lo contrario, seguirá condenando a la población a vivir en el rezago y la penumbra.