Brasil: si no votas, te multan

Lunes 12 de Octubre de 2026 9:48 am

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Durante este mes de octubre se están llevando a cabo las elecciones presidenciales de Brasil, que incluyen al Congreso, gobernadores y diputados estatales. La principal historia es la carrera por la presidencia que encabezan Flavio Bolsonaro (hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de prisión en 2025 por su participación en un plan de golpe de Estado) y Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su cuarto mandato. Al igual que México, Brasil cuenta con un sistema democrático de representación popular que se basa en el voto libre y secreto como derecho y obligación del ciudadano. Sin embargo, los mecanismos brasileños para asegurar la participación ciudadana han resultado mucho más efectivos que los mexicanos.

En los últimos 30 años, la participación en México alcanzó su punto más alto en las elecciones de 1994, con el 77 por ciento del padrón electoral. Desde entonces, el promedio de participación se encuentra alrededor del 60 por ciento para las elecciones presidenciales y por debajo del 50 por ciento para las intermedias. Colima no es la excepción, pues registró una participación del 57 por ciento en la elección local de 2024.

En contraste, en las elecciones generales brasileñas desde 1989, la participación más baja en una primera vuelta se dio en 1998, con el 78.5 por ciento del padrón (la pasada del 4 de octubre, tuvo 78.9 por ciento). Es decir, su punto más bajo de participación continúa siendo mayor que nuestro punto más alto en los últimos treinta años.

Si bien es cierto que existen diferencias contextuales y culturales que van mucho más allá de lo que cabe en este artículo, hay una diferencia trascendental en el manejo de la obligación de ejercer el sufragio. El sistema brasileño se fundamenta en un principio constitucional de corresponsabilidad ciudadana obligatoria, por lo que utiliza sanciones como mecanismo de presión administrativa para obligar al ciudadano a mantener sus datos actualizados y participar en el proceso. Por otro lado, la legislación mexicana establece el voto como obligación, pero en la práctica no aplica sanción alguna por no ejercerlo.

En Brasil es obligatorio votar para todos los ciudadanos que tienen entre 18 y 70 años de edad. No hacerlo conlleva una multa de hasta R$3.51 (unos 12 pesos mexicanos) por cada vuelta, así como diferentes restricciones para realizar trámites administrativos, como tramitar o actualizar el pasaporte y la cédula de identidad oficial; asumir cargos públicos, inscribirse en instituciones educativas públicas o cobrar remuneraciones del sector gubernamental; gestionar trámites administrativos que requieran comprobante del servicio militar o la declaración fiscal de ingresos.

Asimismo, cuando un elector no vota en tres turnos consecutivos (cada vuelta cuenta por separado), ni justifica su ausencia ni paga la multa, su título de elector es cancelado, lo que representa una “muerte en los sistemas gubernamentales”. Esto imposibilita cualquier acción que requiera de un carnet de identidad, incluyendo el acceso al crédito. Dicho mecanismo también ha resultado efectivo para limpiar el padrón electoral y reducir el número de votantes fantasma.

En principio, siempre se debe apelar al sentido cívico del ciudadano para cumplir con sus obligaciones con el Estado. Sin embargo, es una falacia decir que México tiene una forma de gobierno democrática cuando basta ganar una elección por mayoría simple, en una sola vuelta, sin tomar en cuenta los índices de participación ciudadana. Para ejemplificar lo anterior, la presidente Claudia Sheinbaum es la más votada desde la creación del IFE (hoy INE) en 1990, con el 59.7 por ciento de los votos. Sin embargo, esta cifra solamente representa el 36 por ciento del padrón electoral. Es decir, poco más de la tercera parte de los ciudadanos en edad de votar.

La crítica moral hacia el gobierno solamente puede ejercerse cuando se cumplen las obligaciones como ciudadano, partiendo desde la esfera individual. Las estadísticas de participación ciudadana en México describen un sistema que resulta difícil de clasificar como democrático y mucho menos como representativo. Es un problema tanto institucional como del individuo, y si la conciencia colectiva y la fe en la buena moral y ética del ciudadano no resultan suficientes, es responsabilidad del gobierno implementar los mecanismos necesarios en los procesos electorales para asegurar una representación real en lo que llamamos un sistema democrático.

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